Guayas.- Una actuación fiscal abrió un nuevo frente en el escenario institucional de Guayaquil. La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa para determinar si existió difusión indebida de información considerada reservada, luego de un allanamiento ejecutado en la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad, conocida como Segura EP.La diligencia se cumplió la noche del domingo, tras un pedido urgente formulado por la Policía Nacional. De acuerdo con el Ministerio Público, la intervención se basó en alertas que apuntarían a un eventual envío de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia hacia un servidor externo no identificado.
Aunque no se reportaron detenciones durante el procedimiento, los agentes levantaron varios indicios que serán sometidos a análisis pericial. El proceso se mantiene bajo reserva mientras avanzan las verificaciones técnicas y se practican nuevas diligencias.
El caso se desarrolla en un contexto de tensión institucional. Días antes, el Ejecutivo solicitó a la Fiscalía investigar una serie de incendios registrados en el centro de la ciudad y pidió esclarecer su origen. En ese marco, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, sostuvo que los hechos violentos recientes “no serían fortuitos” y mencionó la necesidad de desarticular estructuras que, según dijo, operarían de manera encubierta.
Además, el Gobierno anunció que asumirá el control operativo de las instalaciones de Segura EP por tiempo indefinido, mientras se esclarecen los hechos. La investigación busca determinar si existió manejo irregular de material sensible que pudiera comprometer operativos, infraestructura o información estratégica para la seguridad local.
