Pichincha.- En el marco del Caso Purga, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó cargos contra 12 personas por presunta delincuencia organizada, tras una detención avalada por el juez nacional Javier de la Cadena. Esta acción tiene como objetivo asegurar la comparecencia de los investigados en la audiencia de formulación de cargos, cumpliendo con los parámetros constitucionales y legales.
La fiscal Salazar señaló al exasambleísta Pablo Muentes como responsable, en calidad de autor, del delito de delincuencia organizada. También nombró a la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y al juez Johan Gustavo M. en el mismo grado de autoría. Asimismo, solicitó el procesamiento como autores para el empresario Fausto A., primo de Muentes, así como para Alberto L. y Guillermo V.
En cuanto a la esposa del legislador, Mónica A., se pidió su procesamiento como colaboradora, al igual que al resto de los implicados. Además, se anunció la futura vinculación de Hugo Manuel González, actual presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
La fiscal Salazar destacó la presunta implicación de los procesados en la desnaturalización del derecho, especialmente en la provincia del Guayas. Se mencionó la relación de Muentes con la ex presidenta de la Corte, Gallardo, así como con otros funcionarios judiciales y políticos.
Entre los hechos señalados se destacó el presunto perjuicio económico causado por Muentes y su esposa mediante un habeas data ante notas de crédito con el Banco del Pacífico, así como su conexión con casos de tráfico de tierras. Además, se mencionaron acciones de influencia sobre decisiones judiciales y contratos irregulares.
La fiscalía también resaltó la presunta participación de la estructura en beneficio de líderes delictivos, como alias Fito, líder de Los Choneros, y sus aliados. Se mencionaron conexiones con otros casos de corrupción y obstrucción a la justicia, involucrando a diversos actores del ámbito político y judicial.
El proceso judicial continúa mientras se investigan los alcances y las ramificaciones de esta presunta red delictiva, que habría operado en distintos niveles de la administración pública y el sistema judicial.
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