La muerte de un bebé el pasado 5 de noviembre, ocurrida en un autobús debido a la falta de atención médica oportuna, ha desatado indignación en Ecuador.
Este caso se atribuye a la interrupción de servicios de telecomunicaciones durante los cortes de energía eléctrica, un problema que afecta a millones de usuarios.
El Observatorio de Control Ciudadano (OCC) ha presentado una acción de protección contra Claro, Movistar, Tuenti y la CNT, alegando deficiencias en la cobertura telefónica durante apagones.
Según el OCC, estas fallas vulneran derechos constitucionales, como el acceso continuo a servicios de telecomunicaciones y el derecho a la salud y seguridad. La demanda será tratada el próximo 28 de noviembre en Quito.
Las operadoras, representadas por Asetel, han declarado que han invertido 27 millones de dólares en sistemas de respaldo energético, pero los prolongados apagones han superado su capacidad de respuesta.
Mientras tanto, usuarios denuncian falta de compensación y cobros indebidos, especialmente contra la CNT, que enfrenta múltiples quejas por un servicio considerado ineficiente.
Este caso reaviva el debate sobre la calidad de los servicios públicos en contextos de crisis y la responsabilidad del Estado y las empresas privadas en garantizar los derechos fundamentales de la población.
Fuente: Diario Extra
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