Loja.- Franco Quezada fue removido del cargo como alcalde de Loja por el Concejo Cantonal. El TCE determinó que el Cabildo sí respetó el debido proceso.Hoy 18 de julio de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó oficialmente la remoción del alcalde de Loja, Franco Quezada.
La decisión fue adoptada tras el análisis de una solicitud presentada por el propio alcalde, en la que solicitaba al organismo electoral pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento de remoción aplicado en su contra por parte del Concejo Cantonal.
El origen de este caso se remonta a inicios de mayo de 2025, cuando el ciudadano Ramiro Patricio Delgado Vallejo presentó una petición formal ante la Comisión de Mesa del Cabildo lojano para que se inicie el trámite de remoción del alcalde.
Este pedido fue aceptado para su análisis, lo que dio paso a la activación de un proceso político-administrativo dentro del marco legal vigente.
La solicitud fue fundamentada en presuntos incumplimientos por parte del burgomaestre, específicamente relacionados con lo que establece el literal C del artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Esta disposición legal se refiere al “incumplimiento, sin causa justificada, de las leyes y de las resoluciones legítimamente adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados”.
Es decir, se habría determinado que el alcalde no acató normativas y decisiones que eran de obligatorio cumplimiento dentro de la administración municipal.
Tras una serie de sesiones y deliberaciones, el Concejo Cantonal de Loja resolvió aprobar la remoción de Quezada, una medida que generó reacciones divididas entre sectores políticos y ciudadanos.
En respuesta, el alcalde removido acudió al Tribunal Contencioso Electoral para solicitar una “absolución de consulta”, con el objetivo de que dicha entidad verificara si el proceso se había llevado a cabo respetando los requisitos legales, tanto en forma como en fondo.
Después de revisar la documentación presentada y el desarrollo del proceso en el Cabildo, el TCE concluyó que se había respetado lo estipulado por la normativa vigente, en particular lo dispuesto en el COOTAD, por lo que decidió ratificar la decisión adoptada por el Concejo.
En su fallo, el Tribunal reconoció que no existieron vicios de procedimiento ni omisiones que pudieran invalidar la decisión política adoptada por la mayoría del Concejo Cantonal.
A pesar de este revés jurídico, Franco Quezada aún cuenta con la posibilidad de recurrir a otras instancias legales para intentar revertir su salida del cargo.
Podría presentar recursos de revisión o medidas cautelares en órganos competentes, dependiendo del criterio de sus asesores jurídicos.
Por ahora, la administración municipal de Loja entra en una etapa de transición, mientras se define quién asumirá formalmente la conducción del gobierno local.
La situación ha generado incertidumbre en algunos sectores de la ciudad, pero también expectativas sobre un posible reordenamiento político en la capital lojana.
