Pichincha.- En medio de los escándalos judiciales de Metástasis y Purga, se destapa una red de corrupción que involucra a 19 jueces, cuyos patrimonios declarados ascienden a la suma colosal de USD 4,9 millones.
Este hallazgo surge tras las investigaciones lideradas por la Fiscalía, revelando la posesión de 62 propiedades y 14 vehículos por parte de estos funcionarios judiciales.
Los casos Metástasis y Purga han puesto en evidencia la facilidad con la que se pueden obtener fallos judiciales favorables mediante transacciones económicas. La Fiscalía, en su avance investigativo, ha anunciado la vinculación de altos cargos judiciales, incluyendo al presidente de la Corte de Guayas, quien optó por renunciar ante la presión de las acusaciones.
La Contraloría, en respuesta a estos alarmantes hallazgos, ha anunciado una auditoría exhaustiva a los patrimonios de 63 jueces en Guayas, epicentro del caso Purga. Aunque hasta el momento, solo siete de los 12 jueces provinciales han sido formalmente vinculados al proceso.
Las declaraciones patrimoniales de los jueces investigados han llamado la atención de las autoridades, ya que revelan inconsistencias significativas. Por ejemplo, el exjuez Emerson Curipallo Ulloa, ahora bajo investigación por corrupción, declaró un patrimonio de USD 0 en 2022, a pesar de haber reportado anteriormente alrededor de USD 80.000.
En contraste, el juez Luis Rivera Velasco, con un extenso historial en cargos públicos, declaró un patrimonio cercano a los USD 1,3 millones. Este magistrado, conocido por anular casos polémicos, posee propiedades tanto en Estados Unidos como en Ecuador, además de varios vehículos.
Un caso particular es el del juez Reinaldo Cevallos Cercado, quien presentó múltiples declaraciones patrimoniales en 2023, mostrando fluctuaciones significativas en sus activos, que van desde USD 19.000 hasta USD 243.000.
Estos reveladores datos subrayan la importancia de investigar a fondo los patrimonios de los funcionarios públicos para detectar posibles movimientos financieros irregulares, y refuerzan la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una red de corrupción organizada dentro del sistema judicial.
Fuente: Primicias
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