Guayas.- La problemática de la venta ilegal de armas desde el interior de la Policía Nacional hacia organizaciones criminales ha vuelto a generar preocupación.Esta vez, el caso involucra a seis policías en servicio activo, un agente en servicio pasivo y varios civiles, quienes fueron aprehendidos hoy 3 de julio de 2025 durante operativos ejecutados de forma simultánea en cuatro provincias del país.
Según las investigaciones, algunos de los uniformados implicados tenían a su cargo el ‘rastrillo’, es decir, el área destinada al almacenamiento de armamento institucional, mientras que otros trabajaban en los almacenes policiales. Estas áreas resultan claves para el resguardo del armamento que pertenece a la institución.
La Fiscalía General del Estado denominó a esta investigación como Depuración Azul, y su actuación se basa en una indagación previa por presunta delincuencia organizada.
Como parte de esta operación, las autoridades desplegaron acciones simultáneas en las provincias de Pichincha, Guayas, Imbabura y Cotopaxi.
Por su parte, la Policía Nacional bautizó el operativo como Embestida 32, y detalló que se realizaron un total de 17 allanamientos luego de cinco meses de labores investigativas.
Uno de estos allanamientos tuvo lugar en el Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística, donde se sospecha que ciertos elementos policiales habrían desviado armas y municiones para comercializarlas de manera ilegal.
Las autoridades presumen que este armamento habría sido entregado a estructuras delictivas como Mafia 18 y Los Freddy Krueger, ambas activas en la ciudad de Guayaquil y vinculadas a crímenes violentos.
Durante una rueda de prensa, la Policía Nacional confirmó la detención de 10 personas relacionadas con esta red delictiva.
Entre los aprehendidos figuran transportistas que habrían cumplido el rol de intermediarios, entregando las armas y municiones a las bandas delictivas.
En los allanamientos, los equipos intervinientes incautaron armamento y municiones de dotación policial, así como teléfonos celulares, computadoras y documentos que servirán como evidencia en el proceso judicial.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de esta red y establecer responsabilidades.
