Un hombre murió el 2 de abril, mientras era atendido en una clínica dental ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Checoslovaquia, norte de Quito lo que motivó la intervención inmediata de la Policía Nacional del Ecuador.

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia se registró cuando el paciente presentaba complicaciones durante un procedimiento odontológico.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron al paciente sin signos vitales en el sillón odontológico, por lo que se procedió a acordonar el área para iniciar las diligencias correspondientes. En el lugar también se levantaron indicios y se tomaron versiones del personal médico y testigos.

Mientras tanto, las autoridades iniciaron una investigación para establecer si el procedimiento cumplía con los protocolos médicos o si existió algún tipo de negligencia.

El caso continúa en proceso y se espera que en los próximos días se esclarezcan las circunstancias de esta muerte.

De acuerdo con el parte policial, cuando los uniformados ingresaron al consultorio donde ocurrió la emergencia encontraron al hombre tendido en el piso, cubierto con una colcha gris y con manchas de sangre en el área donde había sido atendido.

Según el documento policial, en el sitio los agentes tomaron contacto con dos mujeres que se identificaron como médicas anestesiólogas que habrían intervenido en la cirugía, así como con un paramédico del Ministerio de Salud Pública.

Su padre relató a la Policía que a su hijo le practicaban una endodoncia y el implante de una pieza dental. Tras conocer esa versión, los uniformados dispusieron el aislamiento preventivo interno de todo el personal médico y administrativo que estaba en el establecimiento y que habría participado en el procedimiento.

Uno de los puntos más delicados del informe es que, cerca de las 14:50, dos mujeres que se presentaron como abogadas de la clínica habrían sido observadas rasgando y rompiendo unas hojas que, según los policías, corresponderían a la historia clínica del fallecido.

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De manera preliminar, el Cuerpo de Bomberos confirmó que el hecho dejó al menos dos personas fallecidas.

La emergencia activó la rápida movilización de unidades de socorro, que al llegar al sitio encontraron el vehículo pesado envuelto en llamas. El incendio fue controlado tras la intervención de 14 efectivos y cinco unidades.

Las imágenes difundidas muestran una escena crítica, con el bus consumido por el fuego y una espesa columna de humo visible desde varios puntos, mientras los equipos de emergencia trabajaban para sofocar las llamas y evitar su propagación.

Según los primeros reportes, el incendio se habría originado tras el choque del bus contra una motocicleta.

De forma extraoficial, se indicó que el automotor habría arrastrado al vehículo liviano, en el que se movilizaba una pareja.

El impacto y posterior incendio dejaron al bus prácticamente destruido. Debido a la magnitud del evento, la avenida Mariscal Sucre fue cerrada en ambos sentidos, lo que provocó congestión vehicular en la zona.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre las circunstancias exactas del hecho.

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Al arribo de las unidades de socorro al centro religioso, ubicado en el sector de Cumbayá, el personal constató la presencia de varias personas afectadas, presuntamente por la ingesta de alimentos.

Según información proporcionada por los pacientes, el grupo provenía de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y participaba en un campamento organizado en las instalaciones de la iglesia en Quito, donde consumieron alimentos previamente preparados, los cuales habrían provocado la intoxicación.

Durante la atención de la emergencia, se coordinó el trabajo conjunto con paramédicos y médicos privados presentes en el lugar, ejecutándose labores de triaje, estabilización y valoración médica para determinar el estado de los pacientes.

En total, 26 personas fueron atendidas en el sitio, correspondientes a 13 hombres y 13 mujeres.

Cuatro pacientes, que presentaban mayores complicaciones, fueron trasladados a diferentes casas de salud para una valoración especializada

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A través de un comunicado, la Arquidiócesis de Quito mostró su “consternación” por lo sucedido y solicitó a las autoridades que se investigue el caso.

“Este hecho ha sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes, a quienes solicitamos realizar una investigación seria, oportuna y transparente, que permita esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y hacer justicia”, señaló la Iglesia católica.

Según informó la Arquidiócesis, el cuerpo del religioso fue encontrado sin vida el lunes 23 de marzo del 2026.

“Ante esta dolorosa situación que causa profunda consternación, invitamos a todos los fieles a unirse en oración por el eterno descanso de nuestro hermano sacerdote, y a pedir al Señor que conceda consuelo y fortaleza a sus familiares, amigos y a quienes comparten hoy el dolor por su partida”, señaló la Iglesia.

El crimen del padre Max, como era conocido, ha causado conmoción, no solo entre sus feligreses actuales, sino también entre quienes en algún momento lo tuvieron a cargo de su parroquia y en la comunidad católica de Quito.

La velación del sacerdote se realizará a partir de las 15:00 de este 24 de marzo del 2026 y será enterrado el 25 de marzo a las 15:00 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Armenia.

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El procedimiento se ejecutó bajo estrictos protocolos de custodia en el contexto de un operativo antinarcóticos coordinado entre ambas instituciones. Tras constatar que los fondos carecían de justificación, el Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación previa.

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Al realizar la inspección correspondiente, los servidores policiales encontraron una caja con un doble fondo, en cuyo interior se encontró una funda plástica transparente que contenía una sustancia de color blanco, que fue sometida a la prueba de identificación preliminar homologada, que dio positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 988,50 gramos.

Las investigaciones determinaron que el destino final de la encomienda era Estados Unidos, donde el valor del estupefaciente habría alcanzado aproximadamente 4’584.000 dólares, mientras que en el mercado ilegal nacional su valor se estima en 2.250 dólares.

Con esta intervención, la Policía Nacional evita que cerca de 10.000 dosis de esta sustancia lleguen al mercado internacional, ratificando su lucha permanente contra el tráfico ilícito de drogas y su compromiso con la seguridad ciudadana.

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Durante su intervención, la funcionaria aclaró que el INEN cumple un rol exclusivamente técnico, enfocado en la aprobación de modelos y verificación de requisitos de los equipos comercializados.

Precisó que los dispositivos deben pasar por procesos de calibración y verificación antes de ser utilizados, aunque dejó en claro que la institución no interviene en el control operativo, la ubicación de los radares ni en la aplicación de sanciones.

Guerra explicó que existen tres tipos de cinemómetros: fijos, móviles y portátiles, todos destinados a medir la velocidad de vehículos en movimiento.

Añadió que estos equipos aplican un margen de tolerancia al momento de generar sanciones, con el objetivo de reducir posibles errores de medición, siempre y cuando estén correctamente instalados y utilizados.

En el debate, varios legisladores expusieron inquietudes ciudadanas, entre ellas denuncias sobre el uso de radares con fines recaudatorios.

Frente a estos señalamientos, la titular del INEN reiteró que la entidad no tiene competencias de control, y sostuvo que el impacto positivo de los radares depende de su uso adecuado dentro de una política integral de seguridad vial.

Asambleístas como Pablo Jurado, Xavier Lasso, Milton Aguas, Samuel Célleri, Diego Rosero y Samuel Choro solicitaron mayor claridad técnica y datos sobre la efectividad de los cinemómetros en la prevención de siniestros.

En respuesta, la directora insistió en que los equipos contribuyen a la seguridad vial cuando cumplen estándares técnicos y forman parte de estrategias integrales.

La Comisión continuará el estudio del proyecto de reforma al COIP, que aborda la recategorización de contravenciones de tránsito, la prevención de accidentes y la reducción de la carga procesal.

La información técnica proporcionada por el INEN servirá como insumo clave para el informe previo al segundo debate, con el objetivo de fortalecer la normativa de tránsito y garantizar un uso responsable de los radares de velocidad.

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Medicina Legal realizó el levantamiento de los cadáveres y se esperan los resultados de las autopsias para determinar las causas exactas de las muertes. Los fallecidos registraban amplios antecedentes penales, incluidos homicidio, secuestro extorsivo y extorsión.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la seguridad y el control interno en los centros de privación de libertad del país. La muerte de los hermanos Vera Cerón genera preocupación y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en el CDP El Inca.

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El presidente Daniel Noboa anunció que ya «está en camino a Ecuador para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares en Alto Punino», a través de una publicación en su cuenta de X.

«Creía que era intocable porque gobiernos pasados lo protegían, se equivocó. La Cárcel del Encuentro lo espera», añadió el presidente Noboa.

Álvarez Vera salió de Ecuador en mayo de 2024 con destino inicial a Madrid (España) y fue capturado en Abu Dabi en junio de 2025. Pero, a finales de noviembre pasado, su abogado confirmó en una audiencia que estaba libre bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos.

El Gobierno ecuatoriano señala a alias ‘Gerente’ como el presunto responsable del asesinato de 11 militares en Alto Punino, hecho que ocurrió en mayo de 2025. Y lo considera el cabecilla (en Ecuador) de Comandos de la Frontera, una narcoguerrilla que trafica drogas desde Colombia por Putumayo.

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La audiencia de formulación de cargos se desarrolló la tarde de hoy 19 de diciembre de 2025, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, donde además de Varela fueron procesadas otras dos personas presuntamente vinculadas al mismo caso.

Durante la diligencia, el Ministerio Público expuso los elementos recabados en la investigación y solicitó la aplicación de prisión preventiva para los tres imputados, argumentando la gravedad del delito y su presunta vinculación con el caso de narcotráfico denominado “León de Troya”.

Según la Fiscalía, los hechos investigados se habrían producido entre los años 2021 y 2023.

Como sustento de su acusación, la Fiscalía presentó 45 elementos de convicción, los cuales, a su criterio, demostrarían la participación de los procesados en la divulgación indebida de información reservada relacionada con investigaciones sensibles.

La jueza a cargo del caso suspendió temporalmente la audiencia a las 15h37, con el fin de analizar los argumentos de las partes y estructurar su resolución.

Posteriormente, a las 16h58, se reinstaló la diligencia para dar a conocer su decisión.

En su pronunciamiento, la magistrada resolvió no acoger el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía.

En su lugar, dispuso la aplicación de medidas cautelares sustitutivas, entre ellas la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad competente, tanto para Tannya Varela como para los otros dos procesados.

Cabe recordar que la general en servicio pasivo fue detenida la tarde del jueves 18 de diciembre de 2025 en su domicilio, hecho que fue confirmado oficialmente por la Fiscalía General del Estado. La aprehensión se realizó en el marco de un operativo coordinado a nivel nacional.

Para la ejecución de la detención y el levantamiento de indicios, las autoridades llevaron a cabo cinco allanamientos simultáneos en las provincias de Pichincha y Manabí.

Durante estos procedimientos se incautaron varios dispositivos electrónicos, entre ellos el teléfono celular y la computadora personal de la excomandante, los cuales serán analizados como parte de la investigación en curso.

El caso continúa en etapa de instrucción fiscal, mientras las autoridades judiciales avanzan en el esclarecimiento de los hechos y determinan las responsabilidades correspondientes dentro de este proceso que ha generado amplio interés público debido al alto perfil de la exfuncionaria involucrada.

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