Guayas.- La Superintendencia de Compañías resolvió intervenir a la empresa Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), editora de los diarios Extra y Expreso, en medio de un conflicto relacionado con parte de su estructura accionaria y de cuestionamientos sobre una posible intencionalidad política detrás de la medida.De acuerdo con la resolución notificada el 18 de febrero de 2026, la intervención tiene como finalidad supervisar la situación económica y financiera de la compañía, así como corregir presuntas irregularidades detectadas, con el objetivo de evitar eventuales perjuicios a socios o terceros.
Como parte del proceso, el organismo de control designó a la abogada Elizabeth del Pilar Jiménez Franco como interventora, quien deberá presentar reportes mensuales sobre el estado y evolución de la empresa mientras dure la medida.
La Superintendencia argumenta que Granasa estaría incursa en una de las causales establecidas en el numeral 5 del artículo 354 de la Ley de Compañías, relacionada con auditorías externas y el manejo del libro de accionistas.
Esta decisión se produce menos de tres meses después de que la entidad solicitara información detallada sobre la composición accionaria de la compañía.
Hasta el momento, ni la empresa ni su defensa legal han emitido un pronunciamiento oficial respecto a la intervención.
El 29 de diciembre de 2025, la Superintendencia dispuso que Granasa revierta el 40 % de sus acciones, que desde febrero de 2020 están en manos de Ingrid Martínez, para que regresen a la firma Veranera S.A., también vinculada a Martínez y actualmente en proceso de liquidación.
En su momento, el abogado de la compañía, Eduardo Carmigniani, cuestionó la disposición y sostuvo que se trataría de un intento de injerencia estatal.
Según declaró entonces a Teleamazonas, el proceso al que se hace referencia habría quedado cerrado hace aproximadamente seis años y no tendría relevancia jurídica actual.
A través de un comunicado difundido por Expreso, Carmigniani insistió en que no existe una orden judicial en firme que anule la transferencia de acciones realizada el 6 de febrero de 2020 a favor de Martínez, por lo que —según su postura— dicha operación no podría revertirse sin el consentimiento expreso de todas las partes involucradas.
El caso también ha generado pronunciamientos fuera del país. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó la situación como posibles “represalias indirectas” del Gobierno contra la editora, que ha mantenido una línea crítica frente a la administración del presidente Daniel Noboa.
Granasa, por su parte, ha señalado anteriormente que existiría un intento de presión en su contra debido a su postura editorial.
El desarrollo del proceso de intervención y sus implicaciones para la empresa y el sector mediático se mantienen en observación.
