El Oro.- La administración de justicia en la provincia de El Oro enfrenta una grave crisis tras el abrupto desalojo de los servidores judiciales del edificio donde operaban diversas dependencias de la Función Judicial en la ciudad de Machala.El desalojo, realizado el pasado 20 de noviembre, dejó a jueces, empleados judiciales e incluso al Presidente de la Corte Provincial en condiciones indignas. Según denuncias de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) y la Asociación de Funcionarios y Empleados Judiciales de El Oro, los trabajadores fueron obligados a abandonar sus espacios laborales en plena jornada, llevando sus pertenencias bajo la mirada de usuarios y sin alternativas claras para la continuidad de sus funciones.
El desalojo se produjo tras la finalización del contrato de arrendamiento del edificio Ex-Diario Opinión, sin que se dispusiera de un plan de contingencia ni de un espacio alternativo para garantizar el funcionamiento de los órganos judiciales.
Esta situación ha sido atribuida a una grave falta de previsión y gestión por parte del Director Provincial del Consejo de la Judicatura, Dr. Cristhian Gutiérrez.
En semanas previas, representantes de los servidores judiciales se reunieron con el Director para expresar su preocupación por la inminente finalización del contrato de arrendamiento.
Según el Dr. José Iván Riofrío Tinitana, presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales, se les aseguró que la situación estaba bajo control. Sin embargo, el desalojo repentino evidenció lo contrario.
Actualmente, las labores judiciales se han trasladado temporalmente al teletrabajo, una medida que estará vigente hasta el 13 de diciembre. No obstante, esta modalidad no resuelve las complicaciones generadas, ya que los jueces civiles no cuentan con espacios adecuados para celebrar audiencias, lo que afecta la administración de justicia.
Además, se denunció que el desalojo expuso documentos sensibles, como expedientes y títulos de valor, a riesgos innecesarios. La falta de comunicación y planificación ha perjudicado tanto a los servidores como a los usuarios del sistema judicial y a los abogados en libre ejercicio.
AEMAJ y la Asociación de Funcionarios Judiciales han solicitado al Consejo de la Judicatura que tome medidas inmediatas para resolver esta problemática. Entre sus demandas se incluye la asignación de espacios dignos y funcionales para el trabajo judicial, así como el respeto a la dignidad de los servidores públicos.
“Es inaudito que en una institución donde se imparte justicia, se cometan estas acciones”, recalcaron los representantes gremiales, quienes hicieron un llamado al diálogo y a una gestión efectiva que evite nuevas crisis en el sistema judicial de la provincia.
La ciudadanía y los trabajadores de la justicia esperan una pronta respuesta que permita retomar el normal desarrollo de los procesos judiciales, fundamentales para garantizar los derechos y el acceso a la justicia en El Oro.
