Pichincha.- En una audiencia llevada a cabo en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, el juez Luis Rivera decidió dictar prisión preventiva para Glas y Carlos B., mientras que para Pablo O. dispuso medidas alternativas al arresto, como la prohibición de salida del país y presentación periódica ante una autoridad judicial.Cabe recordar que esta audiencia fue la cuarta instancia para la formulación de cargos, después de intentos previos frustrados. En el último intento, la audiencia no se llevó a cabo debido a que el juez Rivera solicitó autorización a la Asamblea Nacional para enjuiciar penalmente a Jorge Glas. En el Pleno del Legislativo del pasado 21 de diciembre, la moción para autorizar el enjuiciamiento no logró los votos necesarios, generando cuestionamientos sobre la facultad de la Asamblea para pronunciarse sobre un exfuncionario que ya no ejerce el cargo de Vicepresidente.
La Fiscalía sostiene que, después del terremoto de 2016, se conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, y se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana. En 2019, la Contraloría determinó presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para el proyecto vial Manta-Colisa de 22 kilómetros, por más de 68 millones de dólares.
Según la fiscal Diana Salazar, los fondos utilizados para la construcción de este proyecto vial provenían del dinero recaudado a través de la Ley de Solidaridad. La investigación reveló que la obra «no cumplía con los ejes propuestos en la Ley de Solidaridad, sobre emergencia, reconstrucción y reactivación». La fiscal añadió que el contrato fue adjudicado de manera prioritaria sin considerar otros 587 proyectos que requerían atención inmediata después del terremoto.
