Pichincha.- En el marco del caso denominado Pico y Plata, la Fiscalía General del Estado ha procesado a siete agentes metropolitanos de tránsito por el presunto delito de concusión..
La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo la noche del jueves 18 de octubre de 2024 en el Complejo Judicial Norte, ubicado en la ciudad de Quito.
Durante la audiencia, un juez acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó medidas alternativas a la prisión preventiva para los agentes involucrados. Estos deberán presentarse periódicamente ante una autoridad judicial y tienen prohibida la salida del país.
Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía, los agentes habrían solicitado dinero a conductores a través de amenazas, a cambio de no sancionarlos por infracciones de tránsito, como el incumplimiento de la medida Pico y Placa.
Este operativo fue ejecutado en conjunto por la Policía Nacional y la Fiscalía durante 14 allanamientos realizados en Quito el jueves 17 de octubre de 2024.
En estas intervenciones, se aprehendió a siete agentes de tránsito por presunta concusión, y otras dos personas fueron detenidas con fines investigativos.
Entre las evidencias encontradas se hallaron dinero en efectivo, celulares, computadoras, matrículas y licencias de conducir, así como uniformes oficiales de tránsito.
Además, la Fiscalía informó que se realizaron otros allanamientos en el contexto de dos investigaciones adicionales por el mismo delito. En el transcurso de estas indagaciones, se detuvo a los agentes de tránsito Cristian C., Segundo J. y Geovanny M.
En otra audiencia de formulación de cargos, un juez Anticorrupción dictó medidas de presentación periódica y prohibición de salida del país para Segundo J. y Geovanny M., quienes están siendo procesados por su presunta participación en el delito de concusión.
Al igual que en el caso anterior, los funcionarios habrían exigido pagos a cambio de no reportar infracciones relacionadas con el plan de restricción vehicular Pico y Placa o con la circulación de vehículos con llantas en mal estado, según detalló la Fiscalía.
El mayor Patricio Gaibor, jefe de la Unidad Nacional de Delitos contra la Eficiencia en la Administración Pública, informó que en total se han detenido a 14 personas en relación con estos casos, los cuales han sido investigados desde 2022. De los detenidos, nueve son agentes de tránsito y cinco son colaboradores, algunos de ellos familiares de los agentes.
Gaibor explicó que estos colaboradores prestaban sus cuentas bancarias para que el dinero exigido a los conductores por no reportar las infracciones fuera depositado, lo que motivó la ejecución de allanamientos en las provincias de Imbabura y Pichincha.
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