El Oro.- La provincia de El Oro forma parte de las jurisdicciones priorizadas dentro del nuevo plan nacional de resguardo policial, mediante el cual cerca de 200 uniformados reforzarán la seguridad de los jueces y fiscales que tramitan causas complejas de delincuencia organizada.La medida resulta clave para el territorio orense, donde la preocupación por los operadores de justicia se intensificó recientemente. En la actualidad, cuatro fiscales de esta provincia ya disponen de protección oficial tras haber denunciado amenazas directas asociadas al ejercicio de sus funciones.
Esta estrategia es impulsada de manera conjunta por el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. El objetivo principal es blindar la integridad de los funcionarios y evitar interferencias criminales en los dictámenes judiciales.
Un diagnóstico de la Judicatura determinó que en el país existen 127 servidores amenazados y 23 víctimas de ataques.
Junto con El Oro, las provincias de Guayas, Pichincha, Los Ríos, Santa Elena, Manabí, Santo Domingo y Sucumbíos registran el mayor nivel de riesgo.
