Azuay.- Los uniformados habrían apuñalado al ciudadano en su vivienda.Los expolicías Mario David N. y Cristian Paúl A. fueron llamados a juicio como principales sospechosos de la muerte de un ciudadano en Cuenca. Ambos acusados se mantienen en prisión preventiva.
Los hechos ocurrieron el 25 de agosto de 2022, cuando el Ecu 911 reportó a la Policía Nacional de una puerta abierta en el garaje, en las calles Manuel Vega y Presidente Córdova. Un patrullero llegó a las 05:06 para verificar la situación y en un lapso de 13 minutos los dos uniformados ingresaron al domicilio y sustrajeron objetos para guardarlos en el vehículo.
A las 05:26 llegó otro oficial y Mario David N. le indicó que la puerta no podía cerrarse. El uniformado solicitó que cierren el lugar y se marchen.
Los dos agentes regresaron al sitio a las 05:47 a pie y volvieron a ingresar a la casa para obtener más objetos y dejarlos en el patrullero que estaba a pocas cuadras. Cuando regresaron por tercera vez se encontraron con Luis B., propietario del inmueble, a quien amarraron y propinaron 53 puñaladas. Además se llevaron la billetera y una cadena de oro de la víctima.
A las 10:30 los allegados de la víctima ingresaron al domicilio y encontraron el cuerpo. Tras una investigación, la Policía Nacional allanó los domicilios de los agentes implicados y encontró los bienes de la víctima. De igual forma, se incautaron botas y uniformes de los agentes, los cuales estaban manchados de sangre.
La fiscal de la Unidad Especializada en Patrimonio Ciudadano, Carolina Ruiz acusó a los policías, con base en: versiones de los agentes que acudieron al lugar y de amigos y familiares de la víctima, el informe investigativo de la Dinased, la autopsia médico-legal, videos de las cámaras de seguridad privadas y del ECU 9-1-1, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, documentación remitida por la Policía y pericias de audio y video, y de genética forense.
La Fiscalía informó que el asesinato se enjuicia con base en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de 22 a 26 años.
Por Víctor Altamirano
