Colombia.- El Gobierno de Colombia decidió levantar la suspensión general que pesaba sobre los permisos para el porte de armas de fuego, una medida que entró en vigencia este martes 8 de septiembre de 2026 y que forma parte de las nuevas disposiciones adoptadas por la administración del presidente Abelardo de la Espriella.La decisión quedó establecida en el Decreto 1368, firmado por el mandatario colombiano, quien presentó públicamente la medida a través de un video difundido en sus redes sociales. El anuncio estuvo acompañado por el lema “Viva Cristo Rey”.
De acuerdo con la explicación entregada por el presidente, uno de los principales argumentos para modificar la disposición está relacionado con el uso de armas ilegales por parte de organizaciones delictivas. El Gobierno sostiene que una amplia mayoría de las armas decomisadas durante operativos de seguridad estarían vinculadas con actividades criminales.
Entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año, la Fuerza Pública colombiana habría decomisado 15.700 armas de fuego. De ese total, 14.179 estarían relacionadas con investigaciones o hechos delictivos, según las cifras presentadas por De la Espriella.
El reporte oficial también identifica armas presuntamente vinculadas con estructuras armadas ilegales. Unas 980 estarían relacionadas con disidencias, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN.
La dimensión del armamento incautado también incluye material de uso militar. Dentro del grupo asociado con las disidencias se contabilizan 380 fusiles y 65 morteros de 60 milímetros, de acuerdo con los datos expuestos por el Ejecutivo colombiano.
El presidente defendió la reforma señalando que el problema principal estaría concentrado en el armamento que circula al margen de los controles establecidos por el Estado. Según su argumento, el 99,9 % de los delitos cometidos con armas se perpetraría utilizando armamento sin autorización legal.
Aunque la suspensión general fue levantada, la nueva disposición no significa que cualquier persona pueda portar un arma sin restricciones. El decreto mantiene la obligación de contar con la autorización correspondiente y cumplir los requisitos establecidos previamente por la legislación colombiana.
El documento presidencial está compuesto por cuatro páginas y contiene nueve artículos en los que se detallan las condiciones y disposiciones relacionadas con los permisos para el porte de armas de fuego.
La medida se adopta mientras el Gobierno colombiano mantiene una política de confrontación directa contra las organizaciones criminales y grupos armados que operan en distintas zonas del país. La administración sostiene que fortalecer las herramientas de seguridad forma parte de su estrategia para enfrentar a estas estructuras.
