Pichincha.- La permanencia de Carlos Leonardo Alarcón como fiscal general encargado no será breve.Aunque inicialmente se estima que continuará en el cargo por un período mínimo de siete meses, ese lapso podría extenderse significativamente dependiendo del avance del concurso para designar a la nueva autoridad, un proceso que, históricamente, ha presentado demoras.
Uno de los factores determinantes es la forma en que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) lleva adelante sus concursos.
Esta institución, encargada de designar importantes autoridades del Estado, suele enfrentarse a complejidades tanto internas como externas.
En lo interno, el organismo arrastra una inestabilidad constante. La rotación de consejeros y las pugnas políticas hacen que su capacidad operativa se vea afectada.
Basta mencionar que actualmente varias decisiones están siendo tomadas por suplentes de suplentes, lo que evidencia la fragilidad institucional.
En lo externo, casi todos los concursos organizados por el Cpccs terminan enfrentándose a acciones de protección y otros recursos judiciales que frenan los procesos durante semanas o incluso meses. Esta dinámica se ha repetido en numerosas designaciones públicas y no parece que el concurso para fiscal general sea la excepción.
Aunque el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, asegura que el proceso está avanzando “según lo previsto”, la realidad es que el concurso se encuentra rezagado.
La selección de la comisión ciudadana, que debía estar lista en octubre, probablemente quedará conformada recién en diciembre.
No obstante, el propio Fantoni ha admitido que cualquier acción judicial podría frenar el concurso, situación que prolongaría indefinidamente la permanencia del fiscal encargado.
Mientras el proceso avanza, Alarcón continuará ejerciendo como máxima autoridad del Ministerio Público, tomando decisiones clave en varios expedientes de alto perfil político y judicial.
