EEUU.- Desde este 05 de junio Estados Unidos ha cerrado sus fronteras para aquellos que intenten ingresar de manera ilegal, negándoles el derecho a pedir asilo para permanecer en el país.
Esta medida, firmada por el presidente Joe Biden el 4 de junio, implica que quienes crucen la frontera sin autorización serán procesados por un juez, quien decidirá si permanecen retenidos o son deportados inmediatamente.
Freno a solicitudes de asilo: nuevas restricciones y excepciones
La nueva orden ejecutiva establece severas restricciones para las solicitudes de asilo, incluyendo deportaciones a países de origen, como Ecuador.
Esta política se aplicará cuando las detenciones diarias en la frontera superen las 2.500, imponiendo un estándar significativamente más alto para quienes buscan asilo.
Restricciones en las solicitudes de asilo:
Cuando las detenciones superen el umbral de 2.500, los migrantes deberán demostrar que existe una «posibilidad razonable» de que sufrirán tortura o persecución si son devueltos a su país de origen. Si no pueden cumplir con este estándar, serán deportados en cuestión de horas o días.
La situación variará según la nacionalidad. Mexicanos y nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela serán devueltos directamente a México, mientras que aquellos provenientes de otros países, como Colombia y Ecuador, serán expulsados en vuelos de deportación.
Excepciones:
La norma incluye una serie de excepciones, detalladas por la organización ecuatoriana 1800Migrantes:
– Menores de edad no acompañados
– Víctimas de tráfico de personas
– Quienes enfrenten una emergencia médica aguda o una amenaza extrema para su vida y seguridad
– Ciudadanos y residentes de Estados Unidos
– Poseedores de una visa válida o una excepción de visa
Casos de asilo en curso:
Se continuarán procesando los casos de asilo de aquellos que hayan solicitado una cita a través de la aplicación móvil CBP One.
Este endurecimiento de las políticas migratorias refleja el intento del gobierno de controlar el flujo de migrantes en la frontera y responder a la creciente crisis migratoria. La medida ha generado un intenso debate sobre su impacto en los derechos humanos y las obligaciones internacionales de Estados Unidos.
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