Manabí. – Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, dictó –por unanimidad– sentencia condenatoria de tres años en contra del exjuez de Garantías Penitenciarias, Banny Molina, al encontrarlo culpable de prevaricato.
La decisión fue tomada en la reinstalación de la audiencia de juicio realizada el 18 de octubre de 2023, en la que se escuchó la resolución oral de los magistrados.
En esta causa, Fiscalía investigó al exjuez por un hecho ocurrido en diciembre de 2018, cuando habría ordenado que una persona, luego de ser declarada culpable por un delito de peculado y sentenciada a 2 años de prisión, cumpla la totalidad de su pena privativa de libertad en su domicilio (arresto domiciliario), sin que existan las condiciones necesarias para otorgar ese beneficio, ya que aún no se encontraba ejecutoriada, además que se encontraban pendientes recursos de ampliación y aclaración por parte de la Corte Nacional de Justicia.
En la audiencia de juicio, la Fiscal Provincial presentó 4 pruebas testimoniales, periciales, además de la prueba documental, determinando la materialidad de la infracción y la responsabilidad del hoy sentenciado en el delito imputado, al haber trasgredido el artículo 230, inciso 2, del Código Orgánico de la Función judicial (actuando sin competencia) y el artículo 667, inciso final, del Código Orgánico Integral Penal.
El hoy sentenciado fue llamado a juicio, el 5 de agosto de 2022, después de revocarse un auto de sobreseimiento a su favor, por lo que Fiscalía interpuso un recurso de apelación, aceptado por un Tribunal.
Además, el 22 de diciembre de 2022, el Consejo de la Judicatura destituyó a Banny M., quien era juez de Garantías Penitenciarias en Portoviejo, por sus acciones jurisdiccionales, las que fueron calificadas como “gravísimas”.
Esta es la segunda sentencia en contra del exjuez, quien además fue declarado culpable del delito de usurpación y simulación de funciones públicas (el 5 de mayo de 2023) al conceder la libertad de 3 Personas Privadas de Libertad (PPL), favoreciéndoles con una acción de habeas corpus. Precisamente esa infracción la cometió cuando su jurisdicción estaba suspendida al haber sido llamado a juicio en esta causa.
Información jurídica
El prevaricato de los jueces o árbitros es un delito tipificado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal y cuya sanción es de tres a cinco años de pena privativa de libertad.
Fuente:Fiscalía General del Ecuador
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