Pichincha.- Un tribunal conformado por los jueces Felipe Córdova, Marco Aguirre y Daniela Camacho sentenciaron a 13 años y cuatro meses de prisión al exasambleísta Pablo Muentes.También fueron condenados la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán en calidad de líderes de la estructura del delito delincuencia organizada.
Además, dispuso la pérdida de derechos de participación por 20 años y 15 años para los sentenciados como colaboradores.
Por otro lado, dispuso que los líderes paguen una multa de cuarenta salarios básicos unificados (USD 18.800) y los colaboradores, veinte salarios básicos unificados (USD 9.400).
Los jueces nacionales los consideraron a la cabeza de una estructura que operó en el sistema de justicia de la provincia del Guayas. «Habrían dirigido y ejecutado un plan estructurado para controlar el sistema de justicia en la provincia de Guayas», según el Ministerio Público.
El tribunal calificó a Muentes, Gallardo y Marfetán como «culpables y autores directos por haber ejercido el mando, la dirección y la planificación de la organización criminal», respectivamente..
Mientras que Reinaldo Cevallos, Guillermo Valarezo, Ramos Lino, Nelson Ponce, Henry Taylor., Juan Riofrío. y Ruth Solano, fueron calificados como «autores directos por haber colaborado con el grupo de delincuencia organizada».
El tribunal también acogió el pedido de la Fiscalía y sentenció con la pena privativa de libertad de nueve años y cuatro meses a los funcionarios Cevallos, Valarezo, Ponce, Taylor, Riofrío.
Para ellos, además, se dispuso una multa de 20 salarios básicos unificados y la pérdida de los derechos de participación por 15 años.
El caso purga surgió como consecuencia de la investigación del caso llamado Metástasis, que investigó la injerencia del narcotráfico en la política. El caso purga se inició tras una serie de allanamientos realizados por la Fiscalía el 4 de marzo del 2023.
En el operativo fueron detenidos doce personas entre ellos un exasambleísta y jueces de la Corte de provincia del Guayas, sobre quienes la Fiscalía recopiló evidencias para su acusación. Entre las evidencias constaron documentos, testimonios y otras pruebas derivadas de dispositivos electrónicos en las que la Fiscalía vinculó a los procesados.
Durante el proceso fue clave el testimonio de la exrelacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas, Mayra Salazar, quien señaló durante su audiencia que trabajaba para Fabiola G., pero que también debía reportar sus actividades al exasambleísta Pablo M.
“Recibía un sueldo de USD 2.500 mensuales en efectivo en el centro de operaciones, la casa de Pablo M.”, fue una de las declaraciones de Salazar y, además, se le pidió que manipule el sorteo del caso del Banco del Pacífico.
