Santa Elena.- Los agentes fueron aprehendidos e investigados tras descubrirse su presunta participación en los delitos de cohecho y fraude procesal, vinculados a la alteración de un procedimiento policial para ocultar la incautación de sustancias sujetas a fiscalización a cambio de dinero en efectivo.Las investigaciones determinaron que un grupo compuesto por seis servidores policiales —cuatro hombres y dos mujeres— pertenecientes al eje preventivo (UMAC) interceptó un vehículo que registraba inconsistencias alfanuméricas en las series identificativas del chasis y del motor.
Durante la intervención, los uniformados habrían exigido un pago indebido de $400 al conductor para evitar su detención formal, ingresando únicamente el automóvil a los patios de retención vehicular de la institución.
Para encubrir la irregularidad, los agentes falsificaron el parte policial haciendo constar que el sospechoso había huido a la fuga. Sin embargo, las pesquisas constataron que el ciudadano fue retenido de forma temporal dentro del patrullero oficial y posteriormente liberado en las inmediaciones de un parque sectorial.
La alerta de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, activada mediante una fuente reservada, permitió inspeccionar el automotor retenido.
En la revisión se hallaron 50 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en la estructura del vehículo, lo que derivó en la orden inmediata de captura expedida por el fiscal de Flagrancia de turno.
El ministro del Interior, John Reimberg, ratificó el traslado de los cuatro procesados mediante la difusión de imágenes oficiales donde se observa a los agentes con uniforme naranja y cabello rapado. La autoridad enfatizó la postura institucional frente a las irregularidades cometidas dentro de las filas policiales.
«La traición al uniforme no es para la Cárcel 4, es para el Encuentro. Los servidores policiales en servicio activo involucrados en actos de corrupción y fraude procesal ya se encuentran en este centro penitenciario. Cero impunidad», declaró el ministro Reimberg.
Los miembros de la fuerza pública procesados judicialmente cumplían medidas cautelares o condenas en la Cárcel 4 de Quito, una infraestructura destinada a expolíticos y exmiembros de la fuerza pública.
