Machala.- La crisis de seguridad en el sistema judicial de El Oro provocó el traslado urgente de la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, a la capital orense de Machala este viernes 15 de mayo de 2026.Portando un estricto chaleco antibalas, la máxima autoridad de la Judicatura acudió a la Fiscalía Provincial para asentar formalmente la denuncia por el sangriento asesinato de la jueza Lady Gissela Pachar Huanga.
Durante su comparecencia, Caicedo enfatizó que la institución no escatimará esfuerzos en el acompañamiento técnico y legal del proceso de indagación para evitar que este crimen quede en la impunidad.
De igual manera, detalló que se ha iniciado un levantamiento minucioso de información a escala nacional para identificar a todos los jueces, fiscales y servidores judiciales que se encuentran bajo amenazas de muerte o perfiles de alto riesgo.
La funcionaria aclaró que, si bien el Consejo de la Judicatura carece de competencias legales directas para asignar resguardo policial físico, se están coordinando e instalando de manera urgente mesas de trabajo con el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas.
El objetivo de estas reuniones es reevaluar el nivel de riesgo de los administradores de justicia y determinar cuántos de ellos deben ser trasladados obligatoriamente a la modalidad de teletrabajo para precautelar sus vidas.
Al ser consultada sobre las circunstancias específicas en las que ocurrió el atentado contra la jueza Lady Pachar, así como el polémico rol de su escolta policial durante el ataque armado, la presidenta de la Judicatura prefirió mantener estricta reserva debido a la fase de investigación en la que se encuentra el caso. No obstante, confirmó formalmente que la magistrada se encontraba activa en sus funciones y que el día de su trágica muerte estaba laborando desde su domicilio mediante vía telemática.
Este violento suceso ha encendido las alarmas en todo el gremio de abogados, fiscales y jueces de la provincia de El Oro, quienes denuncian trabajar bajo un ambiente de zozobra constante debido a las presiones e intimidaciones directas ejercidas por organizaciones criminales de alta peligrosidad que operan en los diferentes cantones.
Por su parte, la Judicatura anunció que se incluirán de manera obligatoria pruebas de confianza en los próximos concursos públicos para cubrir las vacantes de magistrados en el país.
