Ecuador.- En varias zonas del Ecuador, especialmente en áreas fronterizas, el crimen organizado ha logrado consolidar su control territorial sin necesidad de ejercer violencia abierta, generando lo que expertos denominan “islas de paz criminal”.La provincia del Carchi es uno de los ejemplos más claros de esta realidad silenciosa.
En determinadas localidades del norte del país, la convivencia entre habitantes y actores delictivos se desarrolla en una aparente normalidad. Un episodio ocurrido en un bar de una comunidad carchense ilustra esta dinámica: en el lugar compartían espacio moradores, un disidente de las FARC y otros integrantes de estructuras criminales.
Una discusión surgida bajo los efectos del alcohol se disolvió de inmediato cuando uno de estos actores impuso orden con una sola frase, sin gritos ni armas. La autoridad criminal estaba implícita y fue obedecida sin resistencia.
Este tipo de escenarios refleja una forma de control que no depende de la violencia visible. En estos territorios, la ausencia de homicidios no implica seguridad, sino todo lo contrario: evidencia una consolidación del poder criminal.
Más allá de las cifras de homicidios
En Ecuador, el análisis del crimen organizado suele centrarse en la tasa de homicidios, que en 2025 alcanzó niveles históricos.
Hasta el 19 de diciembre, la Policía contabilizó 8.847 muertes violentas, superando ampliamente los registros de años anteriores. Solo en el primer semestre del año se reportaron 4.619 homicidios, un incremento del 47 % en comparación con 2024.
Las autoridades explican este aumento como resultado de la disputa entre bandas por el control de territorios y economías ilícitas. Sin embargo, esta lectura no explica lo que ocurre en zonas donde la violencia letal es mínima, pero el crimen mantiene una presencia estructural.
La experta en Defensa Nacional, Katherine Herrera Aguilar, expone esta realidad en su investigación “Islas de paz criminal: cuando el crimen organizado va más allá de la violencia visible en Ecuador”, presentada a finales de 2025. El estudio, que tuvo como uno de sus focos principales a Carchi, revela cómo en ciertas parroquias los grupos armados han ejercido autoridad durante décadas, sin procesos electorales ni presencia efectiva del Estado.
En estos territorios, las organizaciones criminales imponen normas, controlan actividades económicas y asumen funciones que corresponderían a las instituciones públicas, configurando una gobernanza paralela. La tranquilidad aparente encubre economías ilícitas relacionadas con el cultivo de coca en Colombia, la minería ilegal y el contrabando.
Una de las parroquias analizadas, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad, se ubica junto a un río fronterizo con el departamento colombiano de Nariño. Desde el lado ecuatoriano se observan cultivos de coca, campamentos mineros ilegales y presencia constante de actores armados al otro lado de la frontera.
El conflicto colombiano ha impactado directamente en la vida de estas comunidades. Las disidencias de las FARC no solo ejercen control territorial, sino que también dinamizan la economía local al generar demanda de bienes, servicios y mano de obra vinculada a actividades ilícitas. La minería ilegal, especialmente de oro, se ha convertido en una fuente de ingresos: el mineral se extrae en Ecuador y se procesa en Colombia, provocando una fuga de recursos del país.
Para muchos habitantes, estas actividades representan una oportunidad de subsistencia e incluso de progreso económico.
Frases como “al menos ahora mi hijo podrá estudiar” reflejan cómo parte de la población percibe estas dinámicas como una respuesta a necesidades históricamente desatendidas por el Estado. Incluso se registran casos de trabajo infantil desde los 14 años.
Mientras tanto, en provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, el escenario es distinto. Allí, los homicidios suelen estar vinculados a extorsiones, secuestros, tráfico de drogas y enfrentamientos armados entre grupos criminales. Estas provincias concentran la mayor cantidad de muertes violentas registradas en 2025.
El Ministerio del Interior ha identificado un corredor delictivo que atraviesa estas zonas costeras, donde la violencia se intensifica, sobre todo tras la captura de cabecillas. Durante 2025, la Policía detuvo a 20 objetivos de alto valor, en algunos casos recapturando a delincuentes que habían escapado previamente.
Las operaciones se ejecutaron de manera simultánea en varias provincias, incluyendo Manabí, Guayas, Esmeraldas, Sucumbíos y Orellana, e incluso fuera del territorio ecuatoriano.
