Pichincha.- En el Pleno de la Asamblea Nacional, el asambleísta de El Oro, Steven Ordóñez, defendió enfáticamente las reformas legales aprobadas por el mandato popular en la Consulta Popular de abril de 2024. Durante el segundo debate, Ordóñez subrayó la importancia de estas reformas para enfrentar la creciente criminalidad en el país.Ordóñez destacó que la lucha contra la delincuencia no se basa en banderas políticas, sino en un compromiso con todos los ecuatorianos. «Hoy, la guerra no está aquí (en el pleno de la Asamblea) , está en las calles donde están los delincuentes, los narcotraficantes, terroristas, vacunadores, asesinos y ladrones», afirmó el asambleísta.
El legislador también enfatizó el impacto negativo que ha dejado la falta de inversión de anteriores gobiernos en educación, en las zonas costeras y fronterizas, como su provincia, El Oro. «Todos sabemos lo que pasa en la línea de frontera, en Huaquillas; todos sabemos lo que está pasando en Puerto Bolívar, siendo esta una de las principales parroquias urbanas de la provincia de El Oro y ahora sufre los estragos de la inseguridad, eso ya no puede continuar», añadió.
Las reformas propuestas incluyen aumentos significativos en las penas para delitos graves como la delincuencia organizada, tráfico de drogas, asesinato, terrorismo, lavado de activos y minería ilegal. «Estamos incrementando las penas en doce delitos como, por ejemplo: delincuencia organizada de 10 a 30 años, tráfico de drogas de 13 a 26 años, asesinato o sicariato a 30 años, terrorismo a 30 años, lavado de activos de 10 a 22 años, minería ilegal de 5 a 20 años y cuando es con delincuencia organizada hasta 30 años», detalló Ordóñez. Hablando del tema minero recordó también los asesinatos del Alcalde de Portovelo, Jorge Maldonado y del Alcalde de Camilo Ponce Enríquez, José Sánchez, ambos burgomaestres de cantones donde se realiza actividad minera y donde se registra gran actividad de delincuencia organizada.
Además, se reformaron los artículos 698 y 699 del COIP para eliminar los beneficios penitenciarios en estos delitos, asegurando que las condenas se cumplan en su totalidad.
Se introdujeron nuevas disposiciones para la confiscación de armas y para sancionar severamente el porte de armas de uso privativo de las fuerzas públicas. «Con 48,000 armas en cadena de custodia y 45,000 policías en las calles exponiendo sus vidas, vamos a asegurar que nuestras fuerzas armadas estén debidamente equipadas», mencionó Ordóñez.
El asambleísta concluyó su intervención llamando a la unidad y al compromiso de todos los legisladores para combatir la delincuencia organizada y asegurar justicia para las víctimas. «Para quien ha perdido un familiar, 30 años no serán suficientes para reparar el daño. Las víctimas merecen justicia, no promesas vacías», finalizó.
