Ecuador.- El presidente Daniel Noboa incluyó en la consulta popular la pregunta 4, dirigida a la ciudadanía, con la intención de abordar la creciente criminalidad en el país mediante el aumento de penas para ciertos delitos relacionados con el crimen organizado. Sin embargo, esta propuesta ha generado un debate entre expertos y analistas que cuestionan su eficacia y la consideran más como un acto de «populismo penal».La pregunta 4 del cuestionario, que actualmente se encuentra en manos de la Corte Constitucional para su control previo, busca el respaldo ciudadano para modificar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y adoptar medidas específicas que aborden problemas relevantes para la sociedad. Aunque el Ejecutivo ha aclarado que no se trata de reformas constitucionales, sino de ajustes legislativos, las críticas no se han hecho esperar.
Para varios expertos en seguridad, rehabilitación social y política, la propuesta de aumentar las penas no aborda de manera efectiva la raíz del problema de inseguridad. Argumentan que no existe evidencia real que respalde la idea de que incrementar las penas desmotive el cometimiento de delitos. Califican la iniciativa como un acto de «populismo penal», con un trasfondo político que apuntaría a obtener réditos electorales en las elecciones de 2025.
Además, algunos analistas señalan que la pregunta 4, al igual que otras del cuestionario, no requiere una consulta popular, sino que podría seguir el procedimiento regular a través de la Asamblea Nacional en caso de que se busque reformar el COIP.
La pregunta en cuestión enumera diez delitos, entre ellos terrorismo, asesinato, trata de personas y lavado de activos, preguntando a la ciudadanía si está de acuerdo con aumentar las penas asociadas a estos crímenes. En caso de ser aprobada, el presidente tendría cinco días para remitir un proyecto de ley reformatoria al COIP, y la Asamblea Nacional tendría 60 días para debatir y aprobar dicha reforma.
El anuncio de esta propuesta ha generado un intenso debate en la sociedad y ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar la criminalidad desde enfoques integrales y basados en evidencia, más allá de medidas punitivas. La ciudadanía está llamada a participar en este crucial proceso de decisión que busca incidir en el marco legal relacionado con la criminalidad en el país.
