Pichincha.- Esto se dio con 5 votos del Consejo de Administración Legislativa.Se calificó la solicitud de juicio político en contra de Guillermo Lasso por concusión y peculado.
Ahora la Corte Constitucional deberá resolver si el proceso sigue o se queda en el olvido.
La solicitud presentada por la mayoría legislativa se centra en la causal 2 del artículo 129 de la Constitución. Es decir, acusan al presidente Lasso de delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
Específicamente, la solicitud menciona dos delitos: concusión y peculado. Y en su análisis, el documento hace una “inferencia probatoria” que llega a la conclusión de que Lasso tiene “responsabilidad política” por los estos delitos, “por lo que se debe proceder con su censura y posterior destitución“.
Las acusaciones por concusión se basan en dos casos: La supuesta corrupción de Hernán Luque Lecaro, exgerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y el supuesto tráfico de influencias de los exgerentes de Petroecuador, Ítalo Cedeño y Hugo Aguiar.
Para el análisis del delito de peculado, los legisladores toman un caso de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Por fuera de las acusaciones directas de juicio político quedó gran parte del informe de la comisión del caso Encuentro, que se centraba en un informe policial sobre supuestos vínculos de empresarios albanenses con Rubén Cherrres, amigo de Danilo Carrera, cuñado del Presidente.
Este informe es citado solamente como “otros indicios que vulneran el principio de confianza“. Sobre esto, los legisladores dicen: “(Hay) estructuras institucionales que, de no cortarse a tiempo, podrían devenir en el nacimiento de lo que varios teóricos de la doctrina de la seguridad integral denominan como narco estado”.
La primera acusación por concusión La concusión es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a los servidores públicos o personas con potestad estatal que, abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas.
