Pichincha.- El Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió que el pago debía ser entre los diez de los once acusados, de forma diferenciada.
Con base en 30 y un pruebas testimoniales y 24 documentales, presentadas por la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, el Tribunal de Corte Nacional de Justicia dictó sentencia condenatoria contra los once procesados en este caso.
El excontralor Pablo Celi y Pablo Flores fueron sentenciados a trece años y cuatro meses de cárcel, en calidad de autores y por lo tanto líderes de un grupo estructurado, cuyo fin consistía en obtener beneficios económicos, gestionados a cambio del desvanecimiento de glosas y pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa Nolimit S. A., entre 2017 y 2020.
Además, Natalia C., exasesora de la Gerencia de Petroecuador; y Daniel O., exgerente de Refinación de Petroecuador; recibieron la sentencia de nueve años y cuatro meses de pena privativa de libertad por su condición de funcionarios públicos.
Mientras que para Luis A. B., Esteban C., Álvaro de G., Andrés L., Silvia L. y Ángelo R. se impuso la pena de siete años de prisión por sus acciones de colaboración en el delito de delincuencia organizada.
Por su parte, Martha B. recibió la pena reducida de seis meses de prisión, debido a la cooperación eficaz.
En su fallo, el Tribunal también dispuso el pago de una indemnización de 250.000 dolares para cada uno de los líderes (Pablo C. y Pablo F.) y 100.000 para cada uno de los colaboradores.
A esto se suma la colocación de una placa en la Secretaría General de la Presidencia de la República del Ecuador, Empresa Pública de Hidrocarburos EP Petroecuador, Contraloría General de Estado y sus dependencias a escala nacional, y en los edificios de las gobernaciones provinciales. El contenido de la mencionada placa será informado en la sentencia escrita.
Además, tendrán que publicar la sentencia en la página web de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Contraloría General del Estado y Empresa Pública de Hidrocarburos EP Petroecuador; y la parte resolutiva en un medio televisivo nacional.
La decisión se dio pese a que la fiscal Diana Salazar solicitó que se pague una reparación integral a favor de la Procuraduría General de 4 millones de dólares, los cuales, desde su perspectiva, tenían que ser cancelados de manera proporcional por todos los partícipes de la infracción, a excepción de Martha Barrezueta, por su calidad de cooperadora eficaz.
