Azuay.- Por los delitos de tráfico ilícito de migrantes y delincuencia organizada, Fiscalía inició un proceso penal contra cuatro personas, detenidas durante un operativo ejecutado en Cuenca y Sígsig.Al finalizar la audiencia de formulación de cargos, el juez Alfredo Serrano dictó orden de prisión preventiva para Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V., mientras que para Ignacio Byron V. y Marcia Teresa M. se dispuso las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país, por solicitud de Fiscalía.
Mediante la red social Facebook, la víctima de 25 años, de ocupación estilista cosmetóloga, conoció que una empresa ofertaba asesoramiento legal para la obtención de visas de trabajo para viajar a Estados Unidos.
La joven fue captada por los “empleados” de la empresa American Resident, de propiedad de Gladys Irene Ch., la cual le ofreció una visa de trabajo en su área de especialización, por un valor de 20.000 dólares.
Luego de reunir todos los requisitos, en mayo de 2021, la víctima y varios familiares viajaron de Quito a Cuenca y llegaron hasta el domicilio de Gladys Irene Ch., con quien presuntamente se firmó un contrato y le hizo un primer depósito de 7.500 dólares a la cuenta de la mamá de la procesada.
Pasaron varios días hasta que se comunicaron con la víctima para indicarle que sus estudios no servían, por lo que debía realizar un curso de masajista profesional con aval internacional, en una escuela de propiedad de Marcia Teresa M., donde “preparaban a la gente que iba a viajar”. En este lugar, la víctima canceló 1.000 dólares más.
Por la insistencia de la afectada de que se agilite el trámite, en agosto de 2021 la convocaron a American Resident, donde Gladys Irene Ch. le pidió que firmara un contrato laboral para supuestamente trabajar como masajista en un hotel de Nueva York, con un sueldo de 64 dólares la hora.
Tras el acuerdo y por pedido de Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamin V., la víctima hizo una transferencia de otros 7.500 dólares a la cuenta de la pareja de la procesada (Ignacio Benjamín V.).
Entre los requisitos, Gladys Irene Ch. le exigió a la víctima una revisión médica, que fue realizada por Ignacio Byron V., exámenes de laboratorio y hasta la asistencia a capacitaciones.
Finalmente, en mayo de 2022, la joven asistió a la cita en el Consulado de Estados Unidos en Quito, donde le pidieron el formulario, que es un requisito básico para obtener la visa, mismo que la víctima había solicitado varias veces a Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V.; sin embargo, no se lo entregaron.
La visa fue negada y en ese momento la joven fue llamada a una entrevista con agentes de la Policía de Estados Unidos, quienes le indicaron que aparentemente había sido estafada.
Este modus operandi fue replicado con al menos cincuenta personas, a quienes luego de que efectuaban los pagos solicitados, se les requirió entre otras cosas que cumplan con cursos de capacitación para actividades como masajistas, estilistas, fileteadores de pescado, inglés e incluso albañilería.
Por esta razón, los detenidos fueron procesados también por el delito de delincuencia organizada.
En las tres fiscalías especializadas en Patrimonio Ciudadano de Cuenca existen veinte investigaciones previas en contra de Gladys Irene Ch., por el delito de estafa, cuyos hechos se relacionan con este mismo modus operandi.