Ecuador.- Desde octubre de 2024, tras un proceso de reformas legales, policías y militares están facultados a usar armas que se incautan a delincuentes.Fusiles semiautomáticos y tácticos, escopetas, subametralladoras, carabinas y pistolas forman parte del arsenal de alta gama que fue empleado por la organización criminal Los Choneros para ejecutar delitos graves como asesinatos y secuestros durante el año 2021.
Estas armas, de fabricación estadounidense y con características propias de uso militar, fueron adquiridas en Estados Unidos y enviadas clandestinamente a Ecuador.
La información fue revelada por el sistema judicial de Estados Unidos en el marco del proceso legal contra Jorge Chica Giler, un ciudadano ecuatoriano que actualmente cumple condena en una prisión de ese país.
Durante el juicio, Chica admitió haber adquirido el armamento entre enero y agosto de 2021, para luego enviarlo hacia territorio ecuatoriano utilizando una empresa de envíos internacionales o courier.
Estas operaciones las realizó siguiendo órdenes de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla de la banda Los Choneros.
Hoy, cuatro años después, este líder criminal se encuentra recluido en un centro penitenciario de Brooklyn, en Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial por siete delitos federales. Uno de estos cargos está vinculado directamente con el tráfico ilícito de armas desde Estados Unidos hacia Ecuador.
No obstante, esta vía de acceso a armamento no es la única que han utilizado las estructuras delictivas ecuatorianas. Se ha podido constatar que estas bandas han encontrado diversos métodos para obtener armas de guerra, algunas incluso más modernas y sofisticadas que las que poseen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Ecuador.
Por ejemplo, en abril de 2023, agentes policiales ecuatorianos lograron desmantelar una red delictiva con vínculos directos con la operación de Chica Giler en Norteamérica.
Esta célula criminal, asentada en la provincia de Manabí, tenía la función de recibir las armas traficadas, desmontarlas y luego replicar sus componentes mediante el uso de impresoras 3D.
Este procedimiento les permitía incrementar su arsenal de manera exponencial. Se estima que cada arma en el mercado negro ecuatoriano podía alcanzar un valor de hasta 4.000 dólares.
El crecimiento del poder de fuego de estas organizaciones ha ocurrido en paralelo a una profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador desde 2021, año en el que comenzaron a registrarse las cifras más altas de muertes violentas en la región.
Como parte de las estrategias implementadas por el Estado para enfrentar esta situación, se adoptó una medida que busca dotar a las instituciones de seguridad del Estado —la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas— con armamento previamente incautado a los grupos del crimen organizado.
Esta propuesta comenzó a debatirse en julio de 2023. En ese mes, la Corte Nacional de Justicia aprobó una resolución que permite declarar las armas decomisadas como bienes de interés social.
Con ello, se habilitó su redistribución mediante procedimientos oficiales, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad del Estado.
