ABDALÁ BUCARAM Y SU HIJO JACOBO NUEVAMENTE PROCESADOS POR DELINCUENCIA ORGANIZADA

Guayas.- El recurso de apelación planteado al auto de nulidad emitido dentro del caso Pruebas Covid-19 Agentes-AMT por la jueza Verónica Medina, fue aceptado.

En esta causa son procesados el expresidente Abdalá Bucaram su hijo Jacobo y siete personas más, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada para la negociación de 21.000 pruebas para la detección del virus Covid-19.
La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, conformada por los jueces Patricio Vaca (ponente), Miguel Narváez y la jueza Anacélida Burbano, resolvió –por unanimidad– que dentro de las etapas de investigación previa e instrucción fiscal, la Fiscalía General del Estado no vulneró el derecho a la defensa de los procesados.
Tras un minucioso análisis jurídico, el Tribunal determinó que la jueza Medina no cumplió con los presupuestos del artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para declarar la nulidad desde la fase de investigación previa.
A pedido de la Fiscal del caso, los jueces declararon la negligencia manifiesta de la Magistrada y oficiaron al Consejo de la Judicatura para que se analicen posibles sanciones administrativas.
“La actuación de la jueza Verónica Medina violentó el principio de debida diligencia. Tal es así que en el auto de nulidad se deja sin efecto sentencias dictadas en procedimiento abreviado”, dijo el juez Vaca, quien agregó que este accionar degeneró en un “daño a la administración de justicia”.
Tras haber revocado el auto de nulidad y declarado la validez de todo lo actuado por Fiscalía General del Estado, el Tribunal dispuso enviar la causa a la oficina de sorteos de la Función Judicial para que un nuevo juez o jueza sustancie la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
En su resolución oral, el juez Vaca también llamó la atención a los abogados que patrocinaron la defensa, por constantes acciones dilatorias en el proceso, advertidas previamente por la Fiscal que lleva el caso.
Para los defensores Christian Romero, Kléber Riofrío y Francisco Onofa, el Tribunal resolvió imponer una multa de dos salarios básicos unificados por desconectarse de la audiencia telemática, alegando un “derecho a la resistencia”.

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