PROCESADOS POR EL PRESUNTO DELITO DE COHECHO

Orellana.- Medidas sustitutivas a la prisión preventiva, es lo que Walter Pío, juez de la Unidad de Garantías Penales de Orellana determinó en contra de tres ciudadanos, por el presunto delito de cohecho. La instrucción fiscal durará 30 días por lo que deberán presentarse dos veces por semana ante la autoridad.

La noche del 29 de junio de 2020, Darwin Javier C. C., funcionario del Ministerio de Ambiente (MAE), encargado de la supervisión del punto, compartía el turno de vigilancia con el policía Andrés Israel Ll. A.
Dos personas se acercaron hasta el funcionario: César Segundo S. L., recolector de leña de ocupación, y Sergio Noé Q. P., conductor de camiones. Hablaron por unos minutos y luego Darwin Javier C. C. fue hasta el policía.

Directamente le habría propuesto 140 dólares para dejar pasar y desviar por otro camino a un camión cargado de madera que transitaría por el lugar en dos horas, al cambio de su guardia.

“Mire mi sub, yo sé que lleva aquí dos días y que no sabe mucho como es la movida, pero aquí nos están robando. Nosotros verificamos muchas anormalidades y cada vez que reportamos en el Coca (Francisco de Orellana) les arreglan y les sacan un buen billete. Mejor sería que nosotros les cojamos y que se desvíen por la vía del Puma, yo conozco bien esa ruta por ahí no hay pitos (…)”.

Además de negarse a recibir dinero y de exigirle respeto, el policía Andrés Israel Ll. A. informó a sus compañeros de la propuesta y que también los escuchó conversar sobre dejar pasar al camión en el próximo turno policial.

En efecto, al cambio de guardia, César Segundo S. L. y Sergio Noé Q. P. intentaron pasar con guías de traslado que no correspondían al vehículo ni a la carga. Le exigieron al nuevo policía de turno la presencia del “ingeniero”, puesto que ya habían “arreglado” para que él les revise las guías y la carga.

Ante la negativa, intentaron arrancar el camión y evadir el puesto de control, pero en ese momento llegaron los refuerzos y los tres ciudadanos fueron aprehendidos.

Fiscalía presume que la madera –especialmente balsa– habría sido comprada a los indígenas waorani y a los colonos de ese lugar, es decir, explotada ilegalmente, sin autorización del MAE.

Por: Jenniffer Ramón Romero

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